La secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, señaló que los vuelos de aviones estadounidenses no tripulados en territorio nacional son asunto de seguridad nacional y el Ejecutivo federal es el único que puede autorizarlos.
“La Ley de Seguridad Nacional otorga facultades para salvaguardar la seguridad nacional de los mexicanos para el combate a las bandas (cárteles). Por esta razón es que puedo decirles que estas acciones no son violatorias de la soberanía, porque son controladas por el gobierno de México y contribuyen a su capacidad para enfrentar al crimen organizado”.
En su comparecencia ante el Senado, reiteró que son acciones delineadas y controladas por México, lo que ha permitido combatir con tecnología e inteligencia el crimen organizado sin exponer la vida de militares y policías.
También aclaró que no se trata de un programa permanente ni se permitirá el ingreso al espacio aéreo mexicano de aeronaves fuera de las misiones solicitadas.
Contra las afirmaciones de legisladores, la funcionaria aseguró que la autorización de los sobrevuelos se hizo conforme a las atribuciones constitucionales del Ejecutivo federal y en ningún momento hubo incursión de fuerzas militares extranjeras.
“Las peticiones formuladas y los permisos tuvieron lugar en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución y las leyes federales”, sostuvo.
La canciller dijo que en ocasiones “limitadas y específicas” se ha pedido apoyo de Estados Unidos para contar con aviones no tripulados que permitan obtener información de inteligencia.
“Este recurso tecnológico ha ayudado a proteger la vida de quienes están arriesgándola todos los días al enfrentar el crimen organizado, porque todos sabemos el nivel de violencia de los cárteles.”
Asimismo, reiteró que la Ley de Seguridad Nacional otorga a las instancias correspondientes la facultad de utilizar cualquier método de recolección de información siempre que se respeten las garantías individuales.
“En el combate a las bandas que no tienen escrúpulo alguno para utilizar todos los recursos a su alcance la prioridad es la seguridad de los mexicanos”, indicó.
Sobre el operativo Rápido y furioso, la canciller admitió que el gobierno mexicano sí fue informado de su aplicación, pero aclaró que estaba circunscrito a Estados Unidos y en ningún momento se habló del trasiego de armas a México.
Precisó que el objetivo de esa acción era “permitir que intermediarios pudieran adquirir armas en Estados Unidos para detectar esquemas ilícitos de distribución y venta a terceros en ese país sin que se contemplara su trasiego transfronterizo controlado. “Esto es de lo cual las contrapartes mexicanas estaban informadas”, indicó Espinosa.
Resaltó que la PGR ya inició investigaciones encaminadas a sancionar cualquier delito que pudiera haberse cometido en territorio mexicano.
También aseguró que el gobierno mexicano no guardó silencio en este caso ante las autoridades del vecino país y pidió las explicaciones correspondientes.
“No hubo silencio por parte del gobierno, hubo una reacción inmediata, se trata de una situación seria y si se confirma que la operación incluyó el trasiego transfronterizo de armas será inaceptable y exigiremos que se sancione a los responsables con todo el peso de la ley”, indicó la funcionaria federal.
Por otra parte, sostuvo que en el encuentro entre Felipe Calderón y Barak Obama (3 de marzo pasado) no se abordó el tema del permiso para que agentes estadounidenses porten armas en territorio mexicano, pero “por las dudas la contraparte sabe la respuesta: nuestro marco jurídico no permite eso”.
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