Un pueblo a cambio de una refinería
La indefinición en la construcción de la Refinería Bicentenario detona el conflicto entre los ejidatarios, quienes fueron persuadidos para vender sus tierras para materializar el proyecto energético de Felipe Calderón: se les imbuyó la idea de que serían contratistas de Pemex y a ello destinaron sus recursos. Hoy no tienen tierra ni empleo, mientras su capital fue invertido en maquinaria sin uso
Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancort, fotos / enviados
Atitalaquia, Hidalgo. En junio de 2009, levantaron la última cosecha, la del tiempo de aguas que es la mejor del año: frijol, trigo, avena, cebada, calabacita, tomate, chile verde, nabo y alfalfa. Luego, los campesinos del polígono que forman Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula fueron persuadidos de vender sus tierras para la Refinería Bicentenario a cambio de convertirse en contratistas y franquicitarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), el sueño de cualquier empresario.
Ellos nada saben de licitaciones ni de la normatividad en las contrataciones que hace el gobierno, y nadie les informó que, por ley, la obra deberá someterse a concurso, donde las compañías prueben su capacidad técnica, experiencia y respaldo económico. Ellos sólo saben que les prometieron trabajo inmediato, excavando, acarreando, nivelando, levantando ladrillo a ladrillo la nueva refinería. De manera que en cuanto recibieron el pago por sus tierras, ultimaron la compra de camiones de volteo, excavadoras, grúas y trascavos con los que las concesionarias los engancharon cuando aún se discutía el precio de los ejidos.
Les dijeron también que sus hijos ingresarían a Pemex, donde el salario más bajo ronda los 10 mil pesos mensuales, muy tentador para la región donde el sueldo del 61 por ciento de la población económicamente activa (PEA) no rebasa los dos salarios mínimos. Y quien quisiera incluso podría instalar su propia gasolinería. Un promisorio futuro en un Hidalgo que ocupa el quinto lugar de marginación del país.
Una vida de ensueño en el estado donde una de cada cuatro personas vive en pobreza alimentaria; una de cada tres no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, educación y salud; y una de cada dos vive en pobreza patrimonial, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo.
Pero el sueño no acaba de cuajar. Las 700 hectáreas que Pemex demandó para el proyecto, disputado en una loca carrera entre Guanajuato e Hidalgo, yacen hasta hoy sin uso alguno, al igual que la maquinaria que los ejidatarios compraron para enrolarse en la industria petrolera.
Con su inversión ociosa, los campesinos comienzan a dudar si la Bicentenario será otra de las promesas incumplidas de Felipe Calderón. Si en términos energéticos equivaldrá al Proyecto Fénix de Vicente Fox: sólo papel y palabra. Los atormenta pensar que recién concluyó el mejor temporal –donde invierten poco y cosechan mucho? y ellos no levantarán una sola mazorca.
“Todos nos esforzamos. Dejamos la tierra porque nos dijeron que llegarían las obras, el desarrollo, el progreso, por eso invertimos todo el dinero en maquinaria”, explica Óscar Ramírez, ejidatario de Dendhó, uno de los tres pueblos de Atitalaquia (los otros son Colonia Dendhó y Cardonal) que aportaron 520 de las 700 hectáreas que comprende el polígono de la Refinería Bicentenario.
Hasta hoy, la donación de estas tierras a Pemex no ha traído el anunciado empleo, por el contrario, dejó sin empleo a cientos de jornaleros de Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, que de manera temporal se enrolaban a la siembra, barbecho y cosecha, contratados por los ejidatarios.
Hace unas semanas que las oficinas ejidales se han convertido en despacho de quejas y confesionario de penares. El dinero se esfuma, la tierra es intocable, el trabajo no llega. Los campesinos pasan de la molestia a la desesperación; se dicen timados. “Parece que de nuevo fuimos engañados”, expone el comisariado ejidal Valentín Montoya Cerda.
En su oficina, mientras intenta colgar en la pared un póster color sepia del general Emiliano Zapata empuñando un fusil, Valentín Montoya advierte que ante la indefinición del gobierno federal en la obra, pasarán a una etapa de movilización: manifestaciones y plantones en la ciudad de México, ante Pemex y la Presidencia. “Porque aquí –subraya? se está creando un conflicto social”.
Dendhó, sueño amargo
Los lugareños hacen eco de la advertencia de Montoya. En realidad, los problemas llegaron aparejados con la asignación del proyecto: desconfianza y codicia entre quienes venderían y los que no. Entre quien podría ver de junto la herencia de los bisabuelos y abuelos, y quizá tumbar la casita de barro encalado para levantar una de tabique macizo con todo y su herrería de aluminio, o cambiar el televisor por una pantalla, o la troca por un carro último modelo. Y a sólo unos metros, el vecino que, simplemente, seguiría igual.
Dendhó y sus infortunios evocan La Perla, aquella novela de John Steinbeck, donde un día el pescador Kino y su esposa Juana obtienen una perla, “la perla del mundo”, tesoro que se convierte en su peor desventura.
En enero, la provinciana calma que reinaba en Dendhó se rompió para siempre. Dos campesinas, Irma García Reyes, de 45 años de edad, y su hija Guadalupe Aguilar García, de 23, fueron torturadas y estranguladas en su domicilio por quienes buscaban los 2 millones 500 mil pesos que cobraron por sus ejidos.
Asesinadas en presencia del pequeño hijo de Guadalupe, quedaron inertes en una de las recámaras de la precaria casita, atadas de manos y pies con cable de luz igual al que les amarraron al cuello hasta asfixiarlas. Aquel día, madre e hija habían retirado del banco 100 mil pesos que depositaron en una agencia automotriz donde comprarían un vehículo. Por la noche, ocurrió el asalto. Los homicidas se llevaron los documentos bancarios de la cuenta en la que el gobierno les depositó el pago de sus tierras.
En los días subsecuentes, los ejidatarios organizaron manifestaciones para exigirle a Osorio garantizar su seguridad y que se retiraran las listas donde publicó el nombre, domicilio y monto recibido.
Corrió todo tipo de versiones, particularmente la de células del crimen organizado prestas a quitarles su dinero vía extorsiones y secuestros. La prensa local recogió numerosos testimonios de quienes se dijeron víctimas de extorsión telefónica, incluso desde antes de que las tierras les fueran liquidadas.
El ayuntamiento organiza “talleres” para combatir los males que ha traído la malograda fiebre del oro negro ?delincuencia, drogadicción y vandalismo? con música, pintura, zumba, defensa personal, prevención de drogadicción, de violencia familiar y fomento a la equidad de género. A la zona, llegaron las primeras compañías que ofrecen seguridad y “protección personal”.
En abril, la Procuraduría General de la República detuvo a un grupo de narcomenudistas recién asentados en el municipio. Se registraron también los primeros secuestros; la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a cuatro plagiarios (Amparo Lizet Aparicio Ramos, Gilberto Aparicio Martínez, Raúl Díaz Carballo y Rafael Mendoza Paredes), originarios de Matamoros y Reynosa, quienes confesaron un secuestro en Atitalaquia y otro en Tlaxcoapan.
Hoy, el recelo hace a los lugareños escudriñar de reojo a todo fuereño, vigilarlo desde el umbral de la ventana con la cortina asida entre las manos, o cotillear abiertamente con el vecino sobre la presencia del extraño.
Empleo y paz
Todos en el pueblo hablan de que aquí se cocina un conflicto social. El alcalde Leonardo Olguín Prado explica: “Nos prometieron que la Refinería garantizaría el empleo y la paz social por lo menos durante los próximos 25 años”. La ecuación va resultando lógica: cero obra, cero empleos igual a cero derrama económica, equivalente a problemas.
Y es que, además, todo el plan de desarrollo local se centró en la Bicentenario: los ingresos programados, la obra pública e infraestructura, y hasta el futuro de los 121 jóvenes que se matricularon como la primer generación del recién inaugurado Instituto Tecnológico de Atitalaquia, para estudiar ingeniería petroquímica, industrial y mecatrónica; un lujo para una entidad donde la mitad de las escuelas primarias aún son multigrado.
Olguín dice que, cuando arrancó su administración, ponderó la agricultura porque a esa actividad se dedica más de la mitad de la gente, pero pronto debió replantear. “Dimos un giro; todo para impulsar la industria petrolera”.
La misma consideración se hizo en el ámbito federal y fue determinante para que el Legislativo apuntalara el proyecto que Felipe Calderón anunció el 8 de octubre de 2008, en un mensaje difundido en cadena nacional, en medio de los cuestionamientos en torno a su proyecto de reforma energética.
Después de tres décadas sin una nueva refinería, se construiría una que elevaría la competitividad energética de México y, sobre todo, generaría empleo. Pero el desempleo crece, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El gobierno federal tiene detenidos los 5 mil millones de pesos que el Congreso autorizó para el arranque de la construcción, denuncia el diputado federal David Penchyna.
Argumentos para el atraso ha habido muchos, pasando por los tintes políticos que tomó el proyecto previo al proceso electoral de julio pasado, agudizado con la presencia en la entidad, justo una semana antes de las elecciones, de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el de Educación, Alonso Lujambio, quienes acudieron sólo para recalcar que el proyecto estaba en pie y “no se vale poner en duda la palabra del Ejecutivo”. Luego tomó fuerza un nuevo argumento, el de los vestigios arqueológicos.
Mogotes y arcilla
A escasos 20 kilómetros del polígono destinado a la Bicentenario, en el municipio Tula de Allende, se ubican los restos de la capital del estado Tolteca, civilización que entre los siglos X y XII dejó una marcada influencia en los pueblos precolombinos del Sur-Sureste de México y hasta Nicaragua y El Salvador.
Después de que el gobierno de Hidalgo había formalizado la entrega de los terrenos al jurídico de Pemex, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Miguel Ángel Carvaeo Chávez, anunció que en dichas tierras también había presencia de vestigios arqueológicos. Habló de un complejo de 15 basamentos de la cultura teotihuacana en 200 de las 520 hectáreas correspondientes a Atitalaquia, en el área conocida como el Chingú.
La versión de Carvaeo Chávez se basa en las pesquisas realizadas a finales de la década de 1970 por la arqueóloga Clara Luz Díaz Oyarzabal, recogidas en el libro Chingú, un sitio clásico del área de Tula, Hidalgo, editado en 1981 por el INAH y el Departamento de Monumentos Prehispánicos en México. En su trabajo, Díaz identifica el Chingú como un centro urbano dedicado a la explotación de suelos para producir cal en los tiempos precolombinos.
El Códice Chimalpococo y el Códice Aubín refieren que al salir de Tollan (Tula), durante una década –del 9 Acatl al 6 Calli?, fueron los toltecas los que se establecieron en Atitalaquia.
La versión difundida recientemente por el director del INAH, Alfonso de María y Campos, es que se trata de una zona de bajo estudio, no para visitantes.
En el Legislativo federal se ha considerado la versión como “otro pretexto” para no iniciar la construcción de la Refinería. Así se lo hizo saber la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, durante su comparecencia en junio pasado.
Y es que ni antes ni después del anuncio de Carvaeo, el personal a su cargo ha visitado la zona. No hay inspecciones oculares, nada está bajo resguardo y ni siquiera hay una cerca que impida a cualquiera curiosear o quizá realizar excavaciones furtivas en pos de los anunciados tesoros arqueológicos.
“En lugar de tenerlos guardados y enterrados allá abajo, el secretario Lujambio debe agilizar para que se saque lo que hay allá abajo y se ponga bajo buen resguardo del patrimonio nacional, para que, además, la cultura de algo que nos enorgullece a todos se difunda de la mejor manera”, opina el legislador Penchyna.
A través de su área de prensa, el INAH se negó a informar a Contralínea cuándo comenzarán las labores de salvamento.
Los lugareños los llaman mogotes. Se trata de pequeñas elevaciones de tierra que a primera vista no parecen más que altitudes en los campos, propias de una geografía irregular, aunque no común en esta zona de llanos. Acorde con la versión del INAH, debajo de estos montículos se hallan los vestigios prehispánicos. A los ejidatarios les asaltan las dudas: en los 80 años que estas tierras se cultivaron, jamás, aseguran, encontraron nada, o casi nada.
Hasta antes del reparto agrario de 1929, el predio perteneció a la hacienda San Miguel Chingú, edificación del siglo XVIII propiedad de los religiosos bethlemitas. Desde que a los campesinos les entregaron las tierras, han pasado muchos ciclos agrícolas, incontables barbechos, muchas yuntas y tractores. “Si un mogote nos estorbaba, lo tumbábamos; pura roca y tierra, ninguna piedra tallada, no había vasijas; ninguna pieza, nada, si acaso algunas puntas de lanza y obsidiana de color verde”, explica don Simón Duarte.
El lugar es parte del imaginario colectivo, sobre todo la pequeña colina más elevada, conocida como “el mogote de la campana”, identificado por los viejos como el lugar donde a medianoche aparecen duendes para llevarse a los cristianos que osan desafiarlos. En una antiquísima tradición, aún hoy las parvadas de muchachos juegan apuestas a ver quién tiene valor de acercarse al lugar donde también se aparecen los muertos.
“Aquí sólo los más valientes, con sus copas encima, se animan a acercarse”, cuenta Clemente Gómez desde lo más alto del mogote.
La postura del INAH es otro claroscuro del proyecto Refinería Bicentenario. El alcalde Olguín cuestiona que si los arqueólogos sabían de los vestigios por qué no lo advirtieron cuando se negociaban los terrenos. “Para Pemex, el tema tampoco es ajeno, porque en esta misma zona tienen la Refinería Miguel Hidalgo”.
El trabajo del INAH en Atitalaquia es objetado también por los lugareños, pues a pesar de tener el casco de la hacienda San Miguel Chingú en su catálogo de patrimonio nacional, no le da atención alguna. El vandalismo y rapiña acabaron con el inmueble. La hierba y abrojos ocultan los últimos adoquines que los ladrones no han terminado de saquear. Del pozo, que hasta hace una década yacía completo, desmantelaron toda la cantera. Las puertas de madera finamente tallada fueron arrancadas de tajo. Sólo la pequeña capilla sigue techada.
Hoy los restos de la señorial hacienda se degradan por la fauna y flora local, sobre todo las recias raíces de los huisaches, pirules y mezquites que empujan los gastados cimientos para ganar terreno.
La espera
El 14 de abril de 2009, día en que anunciaron la sede de la Bicentenario, toda la tarde repiquetearon las campanas de la parroquia franciscana de San Miguel, construida en 1550, testimonio en mampostería y cantera de la conquista española en el altiplano. El altar principal se llenó de veladoras y milagritos en honor a San Miguel Arcángel, el santo patrono. El día quedó registrado en la memoria como anuncio de que llegaba el progreso. “Una nueva transformación que cambiará el rumbo del municipio”, acuñó el alcalde.
Recorrer sus calles recuerda al popular dicho mexicano del “que no tiene la vaca pero compra la cubeta”, o “el que piensa en un jardín y compra la podadora”: camiones de volteo con los asientos aún cubiertos de plástico frente a las viviendas; cientos de pequeñas habitaciones recién coladas, construidas por quienes ofrecerán a los petroleros cuartos con agua caliente y televisión. En las avenidas principales, numerosos locales que ofrecerán comida, insumos básicos y ropa. Las puertas cerradas, las cortinas abajo. “¿A quién le rentamos, a quién le vendemos?, si seguimos siendo los mismos”, expresa Anselmo Martínez.
A otros niveles, surgieron también las disputas por los contratos petroleros que habrán de venir. En mayo, representantes de diversos sindicatos se reunieron con el ayuntamiento y autoridades estatales para discutir las asignaciones de Pemex.
Tlaxcoapan no se quedó atrás. En julio, organizó el primer foro de promoción de la inversión y financiamiento del desarrollo municipal, que, según el alcalde José Antonio García, básicamente reunió a empresarios e inversionistas interesados en la proveeduría de la industria petrolera.
Pululan también los brockers, que antes de que comience la obra ya están cazando empresarios, acordando contratos y comisiones.
Retomar las tierras
A los ejidatarios les molesta recordar el engorroso proceso de venta: el estira y afloja en el precio, los cálculos algebraicos del ingreso en efectivo a corto plazo contra el ingreso de la venta de la cosecha dos veces por año, y la tenencia de la tierra que parecía invaluable. El dilema de los viejos de que “la tierra no se vende, la tierra se defiende” contra la impaciencia de los hijos y nietos de querer estrenar carro, de apalabrar la boda, de hacerse de un guardaropa, de comprar los aparatos electrónicos con los que siempre soñaron.
Luego la tramitología: canjear el concepto de propiedad social a privada, mediante el cambio de los certificados de derechos parcelarios por títulos de propiedad en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). En camiones a cuenta del gobierno del estado, los trasladaban a Pachuca en plena madrugada para agilizar los trámites, o ya de plano, los tenían acampando afuera de la SRA.
La mayor resistencia se encontró en el ejido El Llano, del municipio de Tula: 168 campesinos a los que les partía el corazón pensar en que nunca más labrarían el campo, su campo. Con ellos se usó otro señuelo: el gobierno les ofreció concesiones de taxis, licencias para camiones de carga y los permisos para estaciones de gasolina.
No sólo a ellos les alarma la indefinición del proyecto. La administración estatal destaca que para pagar los terrenos donados a Pemex, Osorio Chong tramitó en Banamex una línea de crédito de 1 mil 500 millones de pesos, cuyas mensualidades y réditos corren contantes y sonantes a cuenta del presupuesto de Hidalgo, que no asciende a más de 18 mil millones de pesos anuales.
La parálisis de sus proyectos también afecta a Pemex, tanto como la subutilización en sus seis refinerías (reportada en los informes del Consejo de Administración), pues el consumo interno se eleva y con él las importaciones. Actualmente, cuatro de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México son importados. Y para colmo, la refinería de Deer Park (ubicada en Texas), en la que mantiene sociedad con la angloholandesa Shell Oil Company, ha comenzado a registrar pérdidas.
“Estas tierras son muy buenas para la siembra de hortalizas”, dice Óscar Ramírez deslizando la vista y el dedo índice hacia el horizonte. Tan sólo él cultivaba 20 hectáreas, entre propias y rentadas. La fertilidad es parte de la geografía de Atitalaquia, el “lugar donde se mete el agua” para los náhuatl, o “resumidero” para sus descendientes. Por aquí atraviesa el Río Salado, que nace en las barrancas de Hueypoztla y, al pasar por el municipio, entra en la presa de la hacienda de San Sebastián, que en tiempo de seca recoge toda su agua, y en el de lluvias se junta con el río grande de Tezontepec y Mixquihuala. Y si con esa agua no es suficiente, está también el manantial a orillas del pueblo Tlameco.
“Duele el abandono de las tierras”, dice uno de los lugareños. “Si Pemex no resuelve –advierten?, volveremos a sembrarlas”.
Justicia social
“Ya es hora de que Pemex (Petróleos Mexicanos) nos haga justicia social”, espeta el alcalde Leonardo Olguín Prado. Su inconformidad deriva de que, desde hace 34 años, Atitalaquia es municipio petrolero: el 70 por ciento de los terrenos donde se asienta la Refinería Miguel Hidalgo (inaugurada el 18 de marzo de 1976) es parte de su demarcación territorial, y sólo el 30 por ciento, de Tula; sin embargo, ello no se ve reflejado en la derrama económica. Tampoco en las aportaciones de la Gerencia de Desarrollo Social de Pemex vía donativos y donaciones (efectivo, diésel y asfalto). “Siempre ha privilegiado a Tula”, se queja el munícipe.
Los recaudos por impuestos se registran sólo en las áreas administrativas y zonas habitacionales de Pemex, y la mayoría se ubica del lado de Tula. Además, sólo el 1 por ciento de los atitalaquenses tiene empleo directo o indirecto en la Refinería. De manera que el dinero petrolero se gasta en Tula, Pachuca y el Estado de México.
Ufano, aporta un dato: “Con la Bicentenario, Atitalaquia será el único municipio en el mundo que tenga dos refinerías, es decir, será el municipio petrolero más importante del mundo”.
En lo primero que piensa es en un hospital, porque la mitad de la población no tiene servicio médico, y la diabetes mellitus, la cirrosis hepática, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias se esparcen como plaga. Necesidades hay muchas: colonias y ejidos sin drenaje ni agua entubada, o el 5 por ciento de la población que no cuenta con energía eléctrica.
“Justicia social”, insiste, “también por el legado de contaminación durante 34 años de la vieja refinería.”
La Organización de Naciones Unidas ubica el corredor Tula-Tepeji como zona de desastre ambiental. De las 75 millones de toneladas de desechos tóxicos que anualmente lanza a la atmósfera el estado de Hidalgo, el 37.8 por ciento corresponde a esta región.
“Ni restos arqueológicos ni botín político; el principal obstáculo que enfrenta la Refinería Bicentenario es el alto nivel de contaminación en la zona”, dice Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense.
“Ésta es la zona con la presa más contaminada del país, en donde se descargan millones de toneladas de desechos tóxicos y con esa agua se riegan las tierras de cultivo de dos distritos; súmale la pérdida de suelo por la lluvia ácida que ha impactado a más de 19 municipios”, enlista el ambientalista como el médico que enuncia las fallas en el organismo de un octagenario. Y como el galeno, dicta también la prescripción:
“Desde que se comenzó a hablar del proyecto, advertimos que para instalar otra refinería en esta zona se requiere de un plan integral que permita, primero, restaurarla, rehabilitar las áreas más dañadas. Es decir, no basta con el manifiesto de impacto ambiental que deberá autorizar la SEMANRAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y que aún ni siquiera se tiene, sino que debe haber un plan integral de manejo de suelo, de agua y aire”.
Se ha vendido la idea de que la Bicentenario será una “refinería verde”; el ambientalista hidalguense descarta la posibilidad, aunque el tema ambiental, añade, “es lo que menos le preocupa a las autoridades”.
Desigualdad, otros retos
De cuajar el proyecto calderonista, los ayuntamientos enfrentan nuevos retos: el crecimiento exponencial de la población y, con ello, de necesidades en infraestructura, vialidades y servicios.
En un análisis sobre el entorno social del proyecto, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) proyecta un crecimiento demográfico no planeado en 11 municipios en la zona de influencia de la Refinería Bicentenario, particularmente en Jilotepec y Tepeji del Río de Ocampo, que son ya de los más poblados. Agudizará, dice el CEIDAS, los graves problemas de desigualdad, pues mientras un municipio como Tula tiene muy bajo grado de marginación, otros, como Chapatongo, Soyaniquilpan y Nopala, tienen un grado muy alto.
Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.
