Alejandro Solalinde, sacerdote y activista defensor de los derechos de los inmigrantes, comenta a Proceso los resultados de una gira que realiza por África y Europa, donde tuvo oportunidad de denunciar ante la ONU y la UE las condiciones de los centroamericanos que transitan por México rumbo a Estados Unidos. Muy indignado por el asesinato del hijo de Javier Sicilia, considera que ya es “demasiado tarde” para cambiar el estado de descomposición en México, más aún cuando todos los políticos están pensando sólo en el 2012.
MADRID.- “¡Yo también estoy hasta la madre!”, exclama indignado el sacerdote Alejandro Solalinde al enterarse del asesinato del hijo de Javier Sicilia. Transcurre el minuto 45 de una entrevista con Proceso y pierde el tono mesurado, se quita los lentes y se cubre la cara con las manos.
“¡De verdad estoy hasta la madre! Tengo ganas de que haya una gran movilización civil; México se merece un cambio”, afirma el director del albergue Hermanos en el Camino y miembro de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, quien desconocía la noticia del crimen porque lleva días recorriendo Europa y el noreste de África.
Solalinde hace un balance de su viaje:
“Me ha servido para saber que nuestros esfuerzos por proteger a los migrantes tienen apoyos y observadores entre organismos civiles de muchos países y también en instancias internacionales.
“Pero también me llenó de tristeza, frustración y desilusión el papel de los 20 cosmetólogos del gobierno de México que vinieron a Ginebra a hablar ante la ONU de un país que no es real, ese que describieron no existe porque afirman que se respetan los derechos humanos, incluidos los de los migrantes, que no hay impunidad y que los retos ya los han solventado.
“Funcionarios de la Unión Europea en Bruselas me dijeron: ‘Si México quiere que tengamos esa imagen de él, nosotros no tenemos por qué no usar esa imagen, aunque no estemos del todo convencidos’. A eso en México se le llama darle el avión”, asegura en la entrevista con Proceso en las oficinas de Amnistía Internacional, en la capital española la tarde del jueves 7.
–Tras cinco años de lucha, con los secuestros de migrantes creciendo y enfrentándose a la negligencia del gobierno, ¿qué balance hace del gobierno de Calderón?, ¿puede hacer algo en el año de gobierno que le queda o pasará como el presidente antiinmigrante?
–Ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Él y todos (los políticos) están enfocados a 2012, están en el canal electoral; lo único que esperaría es que no obstaculicen ni dilaten la nueva ley migratoria. Por lo demás, México y la sociedad civil sabrán en qué lugar colocan a cada quien en las elecciones. Pobre México.
–Usted es hombre de fe, pero…
–Tengo que serlo, pero francamente no hay mucha tela de dónde cortar. Felipe Calderón ha sido un presidente antiinmigrante. Tengo mucho con qué argumentar: su amiga de la infancia, María Mercedes Gómez Mont, hermana del exsecretario de Gobernación, como delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca hizo sufrir muchísimo a los migrantes y a nosotros (del albergue). Y ahora la tenemos como delegada en Chiapas, es la que está al frente de la actual ofensiva contra los migrantes en esa zona, lo cual me provoca mucha desazón.
–¿Por qué lo dice?
–Los mayores atropellos a los derechos de los inmigrantes se dieron cuando ella estuvo en el INM de Oaxaca, aunque nunca lo reconocerá. Esquemas terribles, operativos con armas, algunos con la policía de Juchitán, con la Marina y policías de Migración, siempre con muchos migrantes heridos. Tenemos los testimonios y certificados médicos de lesiones que ella nunca quiso aceptar ni ver.
“Tengo razones de sobra para que ella no me acepte, pero llegó al grado de ordenarle a un subdelegado de Migración que me arrestara. En esa ocasión, como siempre, yo había notificado a Migración que acudía con cuatro guatemaltecos golpeados y robados por la Policía Federal, para que formularan su denuncia y luego los acompañaría a regularizar su situación migratoria.
“Pero ella, al ser notificada le ordenó por teléfono a un subalterno que me arrestara. El funcionario le respondió que no existía motivo para ello, porque yo no era traficante de personas y además era mi amigo, entonces Gómez Mont le ordenó presentar su renuncia en ese mismo instante, como sucedió. Por eso no es nada alentador que esta mujer sea la delegada en Chiapas.”
No es el único caso: Solalinde desmenuza con nombres, fechas y detalles precisos el montaje del que fue víctima para implicarlo como “traficante de menores centroamericanos” ordenado “desde las cañerías de la Secretaría de Gobernación con Gómez Mont”.
“El 8 de mayo de 2010, el entonces delegado del INM, Omar Heredia Mariche, pretendió armar un montaje para implicarme en un supuesto delito de tráfico de menores, del que acusaban a una hondureña de nombre Yeimi, que estuvo en el albergue; fue tan burdo que la acusaban de traficar con sus propios hijos. Este funcionario, sin notificarme, me grabó en audio cuando acudí a su oficina a hacer otro trámite y me tomó una fotografía junto a la mujer para hacerme aparecer como cómplice de un delito que no existió.”
El viaje
Desde que salió de su albergue, situado a un lado de las vías del ferrocarril en Ixtepec, Oaxaca, Solalinde no ha parado: recorrió las Islas Canarias y de ahí pasó al noreste de África, donde pudo entrar en contacto con inmigrantes subsaharianos que quieren llegar a las costas europeas.
Luego estuvo en Italia, donde fue recibido por autoridades, activistas que trabajan con migrantes y miembros de la Iglesia católica, con quienes participó en diálogos con migrantes de Libia y Túnez, parte del éxodo provocado por la guerra en el mundo árabe.
El lunes 4 y el martes 5, en Ginebra, Suiza, se reunió con el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU, a cuyos miembros les habló de las nulas medidas del gobierno de México para atender los abusos que sufren los migrantes y la impunidad que beneficia a los agresores.
Les dio datos: en 2010 hubo 11 mil secuestros de migrantes cometidos por Los Zetas, la Mara Salvatrucha de Honduras o por policías oaxaqueños. Su albergue tiene documentados 362 secuestros, la mayoría masivos.
También –como lo publicó Proceso (número 1784)– calculó que en 2009 hubo unos 20 mil secuestros en la ruta Chiapas-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas. Sólo el segundo semestre de ese año, 52 albergues del migrante reportaron 9 mil 758 casos (muchos de ellos, masivos).
“Les hablé de nuestra experiencia y de la impunidad imperante, presentamos pruebas de cinco años de esa lucha, cientos de denuncias sin respuesta gubernamental.
“Les hice ver que ni siquiera se avanzó en las medidas cautelares para los inmigrantes dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, todas (las denuncias) se mandaron a la reserva. Ninguno de los policías implicados fue llevado a la justicia”, comenta.
El sacerdote explicó a los comisionados que Calderón promovió una propuesta de Ley de Migración que el Senado pudo modificar y quitarle “los artículos más terribles” gracias a la intervención de diversas ONG.
“Les expliqué que ésta no era muy distinta de la Ley Arizona, porque un artículo propuesto por el Ejecutivo, el 26, le daba facultades a la Policía Federal como coadyuvante en cualquier lugar del país y en cualquier momento, lo cual era una amenaza si partimos de que es una corporación implicada en detenciones, extorsiones y golpes a inmigrantes; el artículo 151 penalizaba al inmigrante que pidiera trabajo y al contratante, y finalmente nos castigaba a las casas-albergues que los acompañáramos y orientáramos en sus gestiones de regularización.
“Afortunadamente, el Legislativo nos escuchó y quitó todo eso… pero de todos modos me quedó la sensación que la gente de la ONU, desde su posición, no entendió el alcance de la situación, no están sensibilizados y por sus preguntas creo que no leyeron los informes previos.”
–¿Y la visión que le dio el gobierno?
–Igual que el 22 de marzo de 2010, ante la OEA en Washington, a Ginebra llegó un séquito de 20 funcionarios, cosmetólogos en realidad, para cuidar el cutis del gobierno federal ante los ojos de la Unión Europea, empeñados en mostrarse como un país completamente democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Solalinde repite frases textuales del comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, cabeza del contingente gubernamental:
“Son de antología”, dice. “Por ejemplo: ‘En México hay una observancia plena de los derechos humanos’, ‘en México no se violan los derechos humanos de los migrantes’, ‘en México no hay corrupción, no hay impunidad’ y, además, ‘y una prueba de que México respeta los derechos humanos y nuestra preocupación por los migrantes es la nueva ley que estamos presentando’, pero no dijo que esa nueva ley fue transformada por el Legislativo, porque el Ejecutivo quería una nueva Ley Arizona.”
De la intervención de Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, el sacerdote señala que “dijo verdades a medias” porque le aseguró a la ONU que la SSP aceptó en todos sus términos la recomendación 32/2010 de la CNDH contra los policías federales agresores, “pero no dijo que, en todos sus términos, no la han cumplido”.
Otra amenaza
Solalinde revela a Proceso que recibió una nueva amenaza poco antes de salir de México. “Antes del viaje estuve en unos ejercicios espirituales en Veracruz. En algún momento un amigo se me acercó y me dijo que un conocido suyo que trabaja en Gobernación le pidió que me previniera porque el secretario (de Seguridad Pública, Genaro) García Luna está muy enojado conmigo y que no me la iba a perdonar por cuestionarlo y hacer declaraciones muy directas, que tuviera cuidado porque me puede desaparecer”.
Dice que lo comunicó a su obispo, a la Dirección de Movilidad Humana y a Amnistía Internacional “y en Ginebra se lo dije también al subsecretario Monte Alejandro Rubido, para que se lo pase al costo al ingeniero (García Luna), pero él me contestó que no, que de ninguna manera el ingeniero haría una cosa así”.
–¿Qué sucedió en el encuentro que tuvo con García Luna en enero pasado?
–Él sabía que tenía una entrevista con Carmen Aristegui (en CNN en Español el 18 de enero pasado) y me había contactado con Rubido. Yo le dije que no hablaría con él, sino con el secretario. Aceptó y acudí con un nutrido grupo de compañeros. Nos tuvo esperando media hora, nos hicieron un recorrido por su Plataforma México y cuando vi que era una pérdida de tiempo les dije que me iba; entonces apareció el secretario, con mucha amabilidad y cortesía.
“Nos llevó a su búnker, una sala ultramoderna como de James Bond, con una mesa circular, pantallas de computadora y micrófonos para cada persona que estábamos ahí. Y entonces Ramón Pequeño, jefe de la división antidroga, nos dio una explicación de sus logros. Y una mujer ofreció estadísticas donde decían que solucionaron 200 secuestros.
“Entonces el representante de AI, Alberto Herrera, le dijo: ‘Señor secretario, de todas estas más de 200 personas plagiadas, ¿cuáles son migrantes?’, y García Luna no supo qué contestar.
“Luego el secretario me dijo por qué no aceptaba yo la guardia de seguridad de SSP. Y le contesté que no confiaba en ellos porque su policía estaba implicada en asaltos y extorsiones contra inmigrantes.
“Le dije que nuevamente nos querían dar atole con el dedo porque en un encuentro anterior con Rubido para el caso del ataque de su Policía Federal a un grupo de inmigrantes (el 23 de enero de 2010, en Chahuites, Oaxaca), nos escucharon, tomaron nota, nos dieron cafecito, luego nos invitaron a un restaurante muy lujoso de La Condesa, pretendiendo que con ese trato nos olvidaríamos del asunto. Y luego enviaron a dos abogados para defender a los policías implicados.
“Entonces el secretario García Luna me dijo que tenían información muy fiable en el sentido de que no eran policías federales, sino civiles que se disfrazaron para aparentar ser policías federales, y eran los que habían asaltado. Yo le contesté: ‘¿Usted espera que yo me crea eso?’.
“Le dije que teníamos testigos. Incluso el 26 de enero de 2010, cuando llevábamos a los testigos al Ministerio Público, los policías federales y el Ejército instalaron un retén para quitarle los testigos a la Subprocuraduría de Tehuantepec; los testigos reconocieron ahí mismo a dos de los policías que habían participado en la golpiza y extorsión de los inmigrantes.”
Prosigue: “Bajé del vehículo, entonces todos los policías, federales y estatales, se encañonaron y cortaron cartucho, a unos metros de donde yo estaba, pero como los policías de Oaxaca no se arredraron, los otros tuvieron que bajar sus armas. El Ejército quería desarmar a los policías locales. Fue una situación demasiado tensa sólo para tener en su poder a quienes los denunciarían. Le dije que sus policías en Veracruz formaban parte de la mafia que asaltaba y golpeaba inmigrantes.
“Por eso le comenté a García Luna: ‘Usted nos tiene que decir con claridad de qué lado está, secretario, del de la ley o del lado de los delincuentes’. No supo qué contestar, se veía molesto y nervioso.
“Luego me preguntó si me sentía seguro con la Policía Estatal. Y le respondí: ‘No tan seguro, pero le tengo más confianza que a la Federal’, y puntualicé que si alguien me quiere matar lo va a hacer, pero que el costo político sería muy alto porque la comunidad nacional y organismos internacionales responderían. Ya no supo qué decir. Me despedí y me fui con Aristegui, quien al final de la entrevista me preguntó si temía por mi vida. Le dije que sí y me preguntó si temía que me matara Genaro García Luna. Respondí un rotundo sí”, finaliza.
--
Atentamente
A.P.P.
Cortesía de la revista Proceso.
